Yesenia busca justicia para su hija. Foto: Cuauhtémoc Moreno.

Mérida.- Todos los días Yesenia Dávalos Tec atravesaba el pueblo para llegar a casa de sus padres, donde su hija se refugiaba al salir de la escuela. La menor sólo debía cruzar la calle para entrar a la vivienda. Esa fue su rutina durante cinco años.

El 5 de febrero de 2012 Yesenia no la encontró, revisó por todas partes, preguntó en la primaria, pero nadie la había visto desde que sonó la campana de salida. Vivió minutos de angustia por la situación de su hija, quien tiene discapacidad auditiva, ceguera parcial y no puede hablar.

La mujer regresó a casa de su familia. El único sitio que no había examinado era el baño, ocupado en ese momento por su padre Arsenio Dávalos, un hombre de la tercera edad que se resistía a salir. “Aquí no está tu hija”, exclamó.

Yesenia no le creyó, empezó a golpear la puerta, quería derrumbarla. Tras la presión, el hombre abrió y fue cuando encontró a su hija llorando, con el uniforme ultrajado y con sangre en su ropa interior. Había sido víctima de violación por parte de su abuelo. La pequeña de 11 años comunicó por medio de gestos que el sujeto la había tocado.

Con su hija, Yesenia se trasladó de Chablekal a la Agencia Investigadora Especial en Delitos Sexuales, en Mérida, a 21 kilómetros de distancia. Fue un viaje de más de hora y media, en la carretera a puerto Progreso. Luego de 10 horas de espera le tomaron su denuncia. La menor fue sometida a una revisión ginecológica en la que se corroboró que sufrió perforación vaginal y anal.

“La valoraron esa misma noche y vieron que salió positivo, por eso pensé que al día siguiente las autoridades iban a detener a mi padre. Pero no pasó nada. Pasaron las semanas y no hacían las investigaciones y como no tenía dinero para contratar a un abogado, no tenía manera de presionarlos”, relata la mujer de 45 años.


Chablekal, traslado de más de hora y media para buscar justicia.
 

A pesar de las pruebas en su contra, el agresor no fue detenido. Por el contrario, se mudó al lado de la casa de Yesenia. Tampoco hubo reparación del daño ni medidas de protección para la menor y su familia.

Yesenia asegura que ella y su hija fueron discriminadas por las autoridades ministeriales por ser indígenas, por el color de su piel, por no poder expresarse con desenvoltura en español y por el contexto de pobreza en el que viven. “Las leyes y la justicia se olvidan de la gente pobre. Cuando la parte que acusa tiene para pagar un licenciado o para hacer corrupción, entonces sí hacen caso, pero como yo no tengo dinero me ignoraron”.

Lourdes Guadalupe Medina Carrillo, abogada del Equipo Indignación, asociación que durante 25 años ha acompañado al pueblo maya en procesos jurídicos, refiere que “este caso es un claro ejemplo de que las leyes locales para proteger a los pobladores indígenas no se aplican”.

En Yucatán existe la Ley de Protección de los Derechos de la Comunidad Maya y la de Justicia Maya, ambas, afirma la abogada, son letra muerta porque no están adecuadas culturalmente para garantizar que los habitantes originarios puedan denunciar y llegar a juicio, en un estado donde el 26% de la población son mayahablantes y el 68% se considera completamente o parcialmente indígena.

Las leyes estatales son ajenas a las comunidades mayas porque fueron creadas desde el escritorio, no se hacen consultas para informarles o pedirles su opinión. Además, no buscan preservar la justicia tradicional ni respeta los sistemas normativos basados en usos y costumbres, dice Medina Carrillo.


Es obligación del Estado investigar y encontrar al culpable.
 

En 2017 el Congreso local debilitó el Sistema de Jueces de Paz de los pueblos yucatecos. Ahora los pobladores tienen que viajar a las cabeceras de sus localidades para denunciar ante los Ministerios Públicos, donde sólo cuentan con 75 jueces de paz para un estado con 106 municipios

La reforma a la Ley de Protección de los Derechos de la Comunidad Maya plantea que los interesados tienen que contar con la licenciatura en Derecho, es decir, conocer el Sistema de Justicia Penal, dejando a un lado los sistemas normativos de las comunidades.

Cuestionados los exjueces de paz sobre qué hubieran hecho en el caso de Yesenia y su hija, respondieron que primero expulsarían al agresor del pueblo para proteger a los niños, mientras las autoridades ministeriales resolvieran el caso, refiere la defensora.

“En 2015, nos enteramos de que mi padre abusó sexualmente de mi sobrina de cuatro años y de un niño de dos. Si lo hubieran detenido desde que puse mi demanda no habría más víctimas”, revela Yesenia.


Yesenia: no es justo lo que pasó.
 

De acuerdo con el diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo, de la población ocupada con menos de un salario mínimo en la entidad, 69.5% son indígenas, lo que los limita en su acceso a un abogado particular que los asesore o defienda en procesos jurídicos.

 El tsolxikin, el buen consejo

José Anastasio Euán Romero fue juez de paz entre 1995 y 1998 en Chablekal, una comunidad de tres mil habitantes al norte de Mérida, cerca de la zona arqueológica de Dzibilichaltún. En 2010 las autoridades municipales dejaron de organizar los procesos de selección de estos representantes elegidos por la comunidad, una vez que el Poder Judicial contrató a sus propios jueces de paz.

José Anastasio Euán, antiguo Juez de Paz conforme a usos y costumbres. Foto: Cuauhtémoc Moreno.

Desde entonces, para solucionar cualquier conflicto los pobladores tienen que trasladarse al Ministerio Público “más cercano”, a una hora en transporte público, en el fraccionamiento Cordemex, en Mérida.

“Los jueces de paz eran la primera instancia a la que los vecinos acudían. A sus juzgados llegaban los casos de pleitos, robo de bicicletas o del pavo, hasta las difamaciones. Entre las partes involucradas lo resolvíamos, no teníamos que ir al ministerio”, precisa el hombre de 50 años.

El pueblo confiaba y respetaba a esta autoridad comunitaria, pero actualmente saben que serán discriminados si van a la capital a interponer su denuncia, que deberán esperar varias horas para ser atendidos y, al final, no recibirán asesoría legal, expresa.

“En los años 90 levantábamos las actas con los acuerdos firmados por los involucrados en los conflictos en presencia de testigos, era una resolución que tenía validez en la comunidad y la intención no era perjudicar a quien cometiera un error, más bien que reparara el daño”, detalla.

Los jueces de paz no buscaban aplicar “todo el peso de la ley”, ni sanciones corporales, más bien aconsejar a quienes cometieron un agravio. “En la conciliación hacíamos el tsolxikin, que en maya significa ‘dar el buen consejo’ En tono de regaño se le hacía ver lo malo que está haciendo para que corrija el buen camino, meditara y no repitiera una mala acción”.

De acuerdo con la Fiscalía General, el estado cuenta con 32 peritos intérpretes, 28 hablan maya, número insuficiente para atender a una población de 575 mil 763 indígenas en Yucatán. Por ejemplo, en el Ministerio Público de Cordemex no hay traductor.

“No es suficiente que los intérpretes sepan la lengua maya, pues el certificado lo pueden obtener en cualquier academia, lo que verdaderamente importa es que sean personas culturalmente adecuadas, que conozcan las tradiciones de los pueblos y sean un verdadero puente para que las personas indígenas accedan a la justicia”, comenta la abogada Medina Carrillo.

Seguir levantando la voz

Yesenia regresó a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en 2015. Acompañó a su hermana a interponer otra denuncia por violación, ahora de su sobrino. Las autoridades le soltaron: “¿Sabe qué señora? su padre ya está grande, tiene 75 años, su caso no va a proceder”.

Desesperada pidió apoyo a los abogados del Equipo Indignación, quienes interpusieron un juicio de amparo por la demora en las investigaciones. “En un mes, sólo por una orden de juez federal, la dependencia se aceleró e hizo las diligencias que no realizó en años. Una intérprete de señas y un psicólogo le tomaron la declaración a su hija, mayor de edad para entonces”, relata la abogada.

A finales de julio de 2019 las autoridades encontraron responsable al hombre de los delitos de violación equiparada, abuso sexual y corrupción de menores incapaces. Se giró una orden de aprehensión en su contra, pero el sujeto había huido.

“Durante cinco años abusó de mi hija (…) por eso no me voy a quedar callada hasta que haya justicia”, dice Yesenia.

Yucatán es la entidad mejor calificada del país en el Índice de Estado de Derecho en México 2019 del World Justice Project (WJP). Al igual que en la edición 2018 del Índice, ocupó el primer lugar nacional con 0.47 de puntaje, en una escala de 0 a 1, donde 1 significa la máxima adhesión al Estado de Derecho.

Sin embargo, en el indicador que mide si el sistema de procuración de justicia es efectivo para resolver delitos, su puntuación fue de apenas 0.22, revelando la percepción de los ciudadanos sobre el acceso a la justicia cuando se comete un delito penal en su contra. También, en el indicador que mide la ausencia de discriminación, el puntaje de Yucatán cayó de 0.45 en 2018 a 0.37 en 2019-2020, con lo que la entidad pasó de la posición 14 a la 29 de los 32 estados del país.

Un Congreso que trabaja por la discriminación

Lorena y Karla, víctimas de discriminación sexual. Foto: Cuauhtémoc Moreno.

Las comunidades indígenas no son el único grupo minoritario que sufre discriminación en Yucatán. La comunidad LGBTTTIQ+ también ha sufrido los embates históricos de una estructura social y una legislación que no garantiza sus derechos, explican especialistas.

“Cuando tienes una sociedad que funciona de cierta manera y se replica en el tiempo [como sistemas racistas o que privilegian la heterosexualidad] se generan estructuras muy difíciles de cambiar, no sólo se trata del andamiaje legal, sino también de la forma de pensar y de entendernos en nuestras relaciones como ciudadanos”, dice José Antonio Aguilar, presidente de la organización civil Racismo MX.

El 15 de julio de 2019, a una hora de la votación sobre los matrimonios del mismo sexo en Yucatán, Lorena Núñez Márquez y Karla Alpuche Cárdenas seguían la sesión en la página web del Congreso desde la papelería de que son dueñas. Emocionadas, guardaban una esperanza: que los legisladores aprobaran el dictamen para que parejas como ellas pudieran casarse y no sufrir discriminación, ni gastar miles de pesos en trámites y abogados para obtener un amparo.

Ellas son un referente en la entidad para decenas de parejas que les piden asesoría sobre cómo obtener un amparo –que va de 10 mil y hasta 25 mil pesos–. De acuerdo con el Registro Civil, de 2013 a agosto de 2019 se habían concretado 93 matrimonios entre personas del mismo sexo en Yucatán a través de amparos.

“Estábamos emocionadas, pensábamos que sí se podía aprobar por el historial de otros estados y porque ya hay jurisprudencias en la Corte. La negativa fue frustrante, dolorosa. Sentimos impotencia porque una vez más discriminaban a nuestra comunidad”, explica Lorena. Su cuerpo, dice, revivió la sensación que tuvo cuando en junio de 2013 acudió al Registro Civil con su documentación y pruebas de sangre para solicitar que la casaran con Karla pero les dijeron que no tenían ese derecho.

“Es triste ver jóvenes que tienen la ilusión de casarse, de tener derechos e hijos y el gobierno se los niega. Pareciera que les deberíamos suplicar y pedir un favor”, refiere Karla, quien conoció a Lorena en el Tecnológico de Mérida, cuando estudiaban Administración.

El estado fue pionero a nivel nacional en materia de participación ciudadana. En 2007 el Congreso aprobó la ley que permitía a los ciudadanos presentar iniciativas, sin embargo, el ejercicio democrático fue aprovechado por las asociaciones conservadoras para cerrarle el paso a la comunidad LGBTTTQ+. En 2009, la Red ProYucatán presentó una Iniciativa Popular con 7 mil firmas de respaldo para obstaculizar el matrimonio igualitario, lograron modificar el artículo 94 de la Constitución local y establecieron que “el matrimonio sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer”.

Al reformar la Constitución no se puede cambiar el Código de Familia, se requieren las dos terceras partes de los 25 diputados que conforman el Congreso, es decir, 17 votos, y el 15 de julio apenas lograron nueve.


La votación en el Congreso del Estado fue con cédulas secretas, lo que impidió conocer cómo votaron los diputados. Video: Diario de Yucatán Megamedia.
 

En el Congreso la votación fue con cédulas secretas para “evitar la alteración del orden”, argumentó el presidente de la Mesa Directiva, el diputado priísta Enrique Castillo Ruz. Según él, el resultado coincidió con los sondeos, que indicaban que los yucatecos no estaban de acuerdo con esa figura, según una encuesta del Congreso local, que a la fecha no ha sido publicada. Los legisladores evitaron así rendir cuentas sobre el sentido de su voto.

“Hicieron una simulación con una votación antidemocrática, porque fue en contra de la transparencia, del derecho a la información, de la libertad de expresión de la ciudadanía, porque no hay manera de saber quién votó a favor y quién en contra”, asegura Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE).

La abogada, quien acompañó a Lorena y Karla en su proceso para casarse en enero de 2014, afirma que “el Estado de Derecho no sólo significa seguridad, infraestructura, transparencia en la administración de recursos públicos, tiene que ver con un Estado que respete los Derechos Humanos, elimine todas las posibilidades de discriminación y establezca mecanismos que garanticen éstos. Tiene que hacer un análisis de las características de cada grupo de la sociedad y hacer una revisión de la legislación y de las políticas públicas para que sean incluyentes y respeten el principio de igualdad”.

El Registro Civil… y de obstáculos

Cuando Karla quiso ejercer su derecho a formar una familia otra vez se topó con el Estado que discrimina. Se embarazó a través de la reproducción asistida y en noviembre de 2014 nació Karlo, primogénito de la pareja. En el Registro Civil intentaron ponerle el apellido de ambas y de nuevo, la prohibición.

“Nos dijeron que [el niño] debía tener un padre y una madre, hasta nos sugirieron que lo hiciéramos por adopción, pero yo dije no. Era nuestro hijo natural y estábamos casadas, era mío y de ella y teníamos el derecho de registrarlo”, recuerda Karla.

Las autoridades de la dependencia les exigieron que comprobaran el vínculo biológico del menor, requisito que no piden a parejas heterosexuales. El matrimonio presentó un juicio de amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito. Era la primera vez que se abordaba un asunto de este tipo en Yucatán, por lo que el juez se demoró seis meses en resolver, a pesar de que ya habían ocurrido casos positivos en la Ciudad de México y en Nuevo León.

“Durante todo ese tiempo estuvimos muy preocupadas porque no teníamos su acta de nacimiento. ¿Qué tal y me pasaba algo y quién se iba a quedar con él? No podíamos tramitar su cartilla de vacunación porque no contábamos con ese documento, ni con el CURP”, cuenta Karla.

El juez les dio la razón. Reconoció su derecho a fundar una familia y no ser discriminadas. En junio de 2015 el niño quedó asentado con los apellidos de sus madres y a la fecha 30 parejas del mismo sexo han conseguido que les reconozcan el vínculo de filiación de sus hijos. Su caso fue un parteaguas en el estado, pues desde entonces las actas contienen Datos de Filiación para el primer y segundo apellido, cuando antes se ponía el nombre de la madre y del padre.


“¿Por qué desaprobar algo que ya es una realidad de México?”
 

Lorena y Karla tienen una relación de 20 años y viven resistiendo dogmas y creencias religiosas. La religión, señalan, aún se mete a la cama de los yucatecos, pone “candados de castidad” y sus legisladores lo permiten.

La abogada Amelia Ojeda asegura que un factor en contra son los grupos conservadores, donde hay mucha gente de altos ingresos económicos, dueños de empresas ligadas a las iglesias. “Con ese peso amenazan a los diputados, lo que comprueba que hay una gran debilidad del poder político con respecto al económico”.

La pareja y la comunidad LGBTTTIQ+ se enfrentan a un gigante, en un estado donde 80 de cada 100 habitantes aseguran profesar la religión católica, según la Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas 2017.  Donde los servidores públicos participan abiertamente en marchas contra las uniones igualitarias o contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, como el ex senador Daniel Ávila Ruiz o el ex ombudsman estatal Jorge Victoria Maldonado, respaldados por medios de comunicación conservadores como Grupo Sipse.

“Olvidan que el matrimonio es un contrato entre dos personas que da entrada al goce y garantía de derechos: seguridad social, patrimonio, herencia, alimentación. Negarlo es dejar en desamparo a hombres y mujeres en casos de fallecimiento de sus parejas”, explica la abogada.

Lorena y Karla reciben el apoyo y respeto de sus vecinos, de los padres de la escuela de su hijo y la sociedad en general, mientras que el Estado, dicen, las discrimina. Por eso, junto con la comunidad gay y asociaciones civiles, como UNASSE, intentarán recabar 4 mil firmas y presentar una Iniciativa Popular en el Congreso para revertir la prohibición del matrimonio igualitario.

Buscarán también que las parejas del mismo sexo puedan registrar a sus hijos sin amparos y que se reconozca las nuevas identidades de las personas transgénero.

Con la constante negativa del matrimonio igualitario por parte del Congreso local quedó claro que en Yucatán no hay un Estado de Derecho, porque en la medida que se permita que exista un marco normativo discriminatorio hacia un grupo, teniendo además todas las herramientas para revertirlo, se evidencia el desinterés de garantizar los derechos humanos de todas las personas, concluye la abogada.

La decisión va en contra de los tratados internacionales firmados por México en materia de Derechos Humanos e ignora jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de que la comunidad LGBTTTIQ+ tenga los mismos derechos que todos los ciudadanos.

“¿Por qué negarlo y hacer que tenga un costo para las parejas si al final la resolución del amparo siempre será positiva?”, cuestiona Lorena.

Lorena y Karla confían en el futuro. Foto: Cuauhtémoc Moreno.

Hasta la fecha, 13 estados de la República han hecho cambios normativos para aprobar el matrimonio igualitario: Ciudad de México (2010), Campeche (2016), Chihuahua (2015), Colima (2016), Coahuila (2014), Michoacán (2016), Morelos (2016), Nayarit (2015), Hidalgo (2019), Baja California Sur (2019), Oaxaca (2019), Quintana Roo (2012) y San Luis Potosí (2019).

Acerca del autor:
Herbeth Escalante Periodista yucateco. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Yucatán. Premio Estatal de Periodismo 2015 y ganador del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 2009 y 2014, y del Fondo Municipal para la Cultura y Desarrollo Sustentable de Mérida 2019. Colabora en MVS Noticias, El Heraldo de México y coordina el proyecto periodístico Haz Ruido. @HerbethEscalant