Veracruz, caso emblemático de corrupción. Foto: Óscar Martínez.

Por: Concepción Peralta Silverio y Jair Ávalos.

Xalapa.– En su proceso de rendición de cuentas, el país decidió entrarle a la entrega de  información a través de la plataforma de Transparencia y entre las primeras piezas que lograron documentar los periodistas con información pública estuvo la compra del menaje de casa para el entonces presidente Vicente Fox por un monto de 7 millones 795 mil pesos, con toallas de 4 mil pesos cada una. Fue el llamado “toallagate”.

Diez años después, la periodista Lilia Saúl Rodríguez ganó el Premio Nacional de Periodismo con su trabajo Paga la Secretaría de Seguridad Pública 118 millones de pesos por serie de tv, haciendo uso de la plataforma de acceso a la información. Para 2016, Arturo Ángel y el equipo de Animal Político lograron demostrar la existencia de una red de Empresas Fantasma (2016) que desviaron 645 millones de pesos a través de contratos de bienes y servicios para los más pobres de Veracruz que nunca entregaron.

Javier Duarte, en los buenos tiempos. Foto: Gobierno de Veracruz.

“En los primeros años del siglo XXI tuvimos una enorme cantidad de solicitudes, todo mundo quería preguntar cuánto costaron las toallas y cuánto había costado la comida del Presidente. Luego la sociedad y los periodistas nos fuimos ordenando para ser mucho más cuidadosos en qué pedir, nos fuimos sofisticando”, refiere el periodista e investigador Ricardo Raphael, entrevistado sobre derecho a la información y Gobierno Abierto, uno de los ocho indicadores que componen el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project.

“Las solicitudes de información se parecen mucho a una partida de ajedrez: no es cierto que el funcionario se sienta obligado a entregarla cuando recibe la solicitud. Inmediatamente empieza a pensar cómo no hacerlo; y, por elotro lado, los solicitantes nos convertimos en entes cada vez más complicados, inteligentes, sofisticados, estratégicos para pedir la información”, explica.

“Hemos dado un paso adelante y pasos hacia atrás. Logramos que haya una última instancia nacional que garantice nuestro derecho de acceso a la información, que es el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información), pero también éste se ha sofisticado para negar información”.

En las entidades, los gobernadores colocaron a sus incondicionales en las instituciones de transparencia para asegurarse que no le sacarían la información que no querían entregar, “lo que hizo que dobláramos la apuesta e hiciéramos un INAI autónomo constitucionalmente… pero esto no está resolviendo la partida de ajedrez, hay una batalla campal que no deja satisfecha a ninguna de las partes”, señala el también autor de Periodismo Urgente, Manual de Investigación 3.0.

Un camino hacia los Derechos Humanos

En Veracruz, la periodista Eirinet Gómez lleva dos años y medio peleando en juzgados contra la Fiscalía de Veracruz, la Policía Federal y el INAI para que le entreguen toda la información de Colinas de Santa Fe, la fosa donde se encontraron más de 22 mil restos óseos en 2016.


El caso de Colinas de Sta Fe y el acceso a la información llegó hasta la Suprema Corte.
 

“Porque el tema de familias de desaparecidos se reportea desde el testimonio, estamos muy acostumbrados a narrar la historia del hijo, la madre, la familia, que son válidas, pero siento la obligación de pasar a otro nivel”, platica la periodista, corresponsal de La Jornada.

En abril de 2017 ingresó su solicitud de información a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Policía Federal. Ambas dependencias “se echaron la bolita” y no lo entregaban. En mayo de 2017 interpuso el recurso de revisión (331/2017), pero la Policía Federal había reservado la información por cinco años.

Eirinet recurrió al INAI, pero éste le dio la razón a la dependencia: cerró el caso argumentando que la entrega de esa información ponía en riesgo la investigación. “Pero la respuesta de los funcionarios era contradictoria y no estaba bien fundamentada”, refiere la periodista.

Apoyada por las abogadas Adriana Fuentes Mazo y Mary Beda Platax Valdivia, miembros de Equifonía, una organización comprometida con derechos fundamentales, en septiembre de 2017 presentó el primer amparo en materia administrativa, precisamente porque en materia de Derechos Humanos la información debe de ser pública.

En marzo de 2018, el juez Cuarto del Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México les concedió el amparo. El INAI impugnó.

Hubo que recurrir ante un segundo juzgado, éste solicitó a la Suprema Corte atraer el expediente 192/2018. “Nuestra ruta legal fue ir acudiendo a las instancias correspondientes hasta llegar a la Suprema Corte, porque de llevarlo directo lo hubiesen desechado”, explica Eirinet.

El 11 de septiembre de 2019, la Sala Segunda de la SCJN otorgó la razón a la periodista y ordenó entregar videos, fotos y una base de datos detallada sobre los restos hallados en Colinas de Santa Fe. “Fue un camino largo de mucha paciencia”, dice.

Y aún falta un camino largo por recorrer: “una vez que la SCJN termine el engrose del expediente hay que ir ante el sujeto obligado para que cumpla la sentencia”. Un sujeto obligado que oficialmente dejó de existir el pasado 1 de octubre.

Los fantasmas que atraparon a Duarte

El rumbo de la vida política y social de Veracruz cambió inesperadamente tras la publicación de una serie de reportajes que documentaron una red de corrupción que involucraba al entonces gobernador priista Javier Duarte de Ochoa. Faltaban dos semanas para las elecciones estatales.

Gobierno de Veracruz durante Duarte, saqueo total. Foto: Óscar Martínez.

Las Empresas Fantasma demostró cómo fueron desviados 645 millones de pesos a través de 21 compañías o empresas “fantasma” que compartían socios o direcciones fiscales y que se asentaban en casas en ruinas, vecindades de colonias marginadas.

El reportaje en tierra veracruzana caló hondo.

“Se hizo una medición desde de que se publicó. Para la semana siguiente habían perdido cinco puntos en las encuestas, lo cual en una elección tan cerrada era gravísimo”, le confesó una persona cercana a Javier Duarte al periodista Arturo Ángel, uno de los autores de los reportajes.

La elección entre Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), y Héctor Yunes Landa, abanderado del Revolucionario Institucional (PRI) estaba muy cerrada. Ganó el primero con 34.41% de la votación, 3.88% arriba del priista.

Pero el trabajo llevaba “cocinándose” alrededor de año y medio antes por el equipo de Arturo Ángel, un joven periodista con 15 años de experiencia que se vinculó con equipos que lo formaron en temas de seguridad, derechos humanos y corrupción.

Sin embargo, lo que realmente lo catapultó para lograr éstas y otras piezas periodísticas relevantes fue el uso y el manejo de la transparencia y su ley aprobada en 2002, pero que empezó a dar sus frutos casi una década después.

El equipo realizó más de 200 de solicitudes de información y logró obtener 73 contratos de esas “empresas”, abrió archivos y expedientes a través del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) –una plataforma de la Secretaría de Economía– y utilizó las secciones de transparencia de las secretarías veracruzanas.

“Y empezamos a ver un patrón de empresas repetidas en las convocatorias de obras públicas o prestación de bienes y servicios”, detalla Ángel, seguidor de la NFL y la Fórmula 1.

Los viajes a Veracruz fueron para tramitar físicamente las actas constitutivas ante el Registro Público de la Propiedad y para ubicar los domicilios de las “empresas”, donde se enteraron que los “socios” de estas empresas no eran más que personas humildes, beneficiarios de algún programa social a quienes se les involucró sin su conocimiento, haciendo mal uso de su firma.

Incluso el viaje a Veracruz era de riesgo pues en esa época el estado contabilizaba 17 periodistas y comunicadores asesinados entre 2011 y 2016. Arturo asegura que no se sintió amenazado porque siempre estuvo acompañado por su medio y su equipo.

Prensa en Veracruz, bajo constante amenaza. Foto: Juan Castro Gessner.

“Lo que sí intentaron hacer fue sobornarnos para que no lo publicáramos”, revela.

“¿Para qué quieres saber eso?”

Para Ricardo Raphael el derecho al acceso a la información y la democracia van de la mano: “Si la información la tenemos todos, el poder se extiende entre todos, pero si ésta la concentran unos cuantos, el poder también se concentra”.


Acceso a la información, pasos hacia delante y pasos hacia atrás: Ricardo Raphael.
 

“Piensen en el castillo narrado por (Franz) Kafka: todas las ventanas cerradas, los muros inmensamente altos, así era un poco la arquitectura de la época Estalinista y si observamos en México así están muchas dependencias de gobierno de los años 20… en el momento en el que sustituyen esos muros anchos, gruesos, altos por una arquitectura mucho más transparente, con cristales donde uno pueda asomarse, que es lo que ha pasado en nuestra generación, no hay nada que se delibere que no acabe siendo público”, ejemplifica.

Sin embargo, acota: el acceso a la información pública es a medias porque hay una gran diferencia entre un gobierno que maneje su administración con total transparencia y uno que esté obligado a publicitarla, “esta diferencia, muy sutil, implica políticas distintas”.

Naldy Patricia Rodríguez fue de las primeras periodistas que ingresó una solicitud en la plataforma local de Transparencia de Veracruz, en 2007, cuando los derechos y el mecanismo eran incipientes. Durante el gobierno del priista Fidel Herrera se promulgó la Ley 848 de Acceso a la Información y se crearon las Unidades de Acceso a la Información.

Derecho a la información denegado, constante del gobierno veracruzano. Foto: Laura Quiles.

Solicitó conocer los convenios de publicidad que el gobierno del estado mantenía con medios de comunicación. El director de Comunicación Social de entonces desestimó su solicitud y reservó la información.

Con Javier Duarte, Naldy hizo la misma solicitud al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). Georgina Domínguez Colío, entonces directora de Comunicación Social, la reconvino: “¿Cómo se te ocurre? ¿Para qué quieres saber eso?”. Nuevamente le negaron los archivos.

“El interés principal es que los recursos deben de ser públicos. Los medios sí tienen derecho a que se les compre publicidad oficial, pero con un piso parejo, con regulaciones legales que impidan favoritismos y no coarten la libertad de expresión”, refiere la periodista asentada en Xalapa, Veracruz.

En agosto de 2016, al publicarse la Ley 875 en el estado, que obligó a los institutos a homologarse a la ley federal del INAI, Naldy volvió con su solicitud. Requirió a la Coordinación de Comunicación Social del Estado copias de los convenios con medios de comunicación (radio, televisión, revistas, periódicos y páginas electrónicas) durante el sexenio de Javier Duarte.

“Era una forma de probar qué tan comprometida estaba la nueva administración”, dice. Una de otro partido que representaba la alternancia en el estado y que, sin embargo, mantuvo la negativa. La respuesta fue “información reservada”.

En septiembre del 2016, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información ordenó desclasificar y entregar la información. “Me hicieron pagar 2 mil pesos para obtener  la información que después, otra vez, los responsables me empezaron a negar”.

En octubre de 2017, el Instituto le notificó que archivarían su expediente porque ya tenía la información. “Promoví un amparo y detuve que desecharan mi caso”, explica la periodista, también maestra en Derechos Humanos y Juicio de Amparo por lo que pudo emprender su defensa legal.

“Al final me dieron una información parcial, sólo del año 2016… sólo con un monto y un apoderado legal”.

Medios veracruzanos a favor de Duarte, beneficiados de la corrupción. Foto: Brotin Biswas.

Aun así, logró obtener más de mil 300 facturas emitidas entre el 2015 y 2016 por concepto de publicidad oficial. De forma mensual, algunas empresas y periodistas locales recibieron desde 50 mil hasta 950 mil pesos, mientras que medios nacionales llegaron a facturar desde uno hasta tres millones de pesos. También se destinaron recursos a empresas “fachada”, sin registro ni trabajadores, como Impulsora de Negocios Santa Elena S.A. de C.V y Comercial Ventoselo.

A Naldy le faltaba un golpe más a su tesón: los medios de comunicación estuvieron muy poco interesados en publicar su información.

Caminar hacia el Gobierno Abierto

Acorde con los tiempos de austeridad, el INAI solicitó reducirse 20 por ciento su presupuesto de 2018 a 2019 y para 2020 pidió un aumento apenas del 3%. A decir de su presidente Francisco Javier Acuña han tenido una enorme carga de trabajo al pasar de 400 mil solicitudes a nivel nacional, hace 5 años, a un millón 200 para el cierre de 2019.

El organismo rige en la cúspide de la pirámide a 900 sujetos obligados a informar en todo el país.

Sin embargo, para Ricardo Raphael el Instituto requiere demasiados recursos por su enorme estructura, la gran cantidad de direcciones generales que tiene, 26 en total, y la enorme cantidad de información que está negando. “Más que entrar en un régimen de adelgazamiento de austeridad, el Instituto tendría que caminar hacia el modelo de Gobierno Abierto.”

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, peso burocrático y poco eficiente. Foto: INAI.

“Donde la autoridad ya no pudiera sentarse en la partida de ajedrez y negar la información, sino que estuviese obligada a la máxima publicidad (…) esa rendición de cuentas 3.0 es lo que hoy se conoce como Gobierno Abierto y tendríamos que movernos abiertamente hacía esa comunicación.”

El gobierno abierto es una de las ocho dimensiones del Estado de Derecho que conforman el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020. En el ranking general del Índice, Veracruz obtuvo una calificación de 0.38, lo que lo ubicó el lugar 22 de las 32 entidades. Sin embargo, en el aspecto que mide el gobierno abierto obtuvo un puntaje de 0.41 lo posicionó como la entidad número 12 de la materia.

En Veracruz se equipó a las unidades de transparencia, los ciudadanos son muy activos haciendo uso de este derecho y las resoluciones de solicitudes de información a favor de la ciudadanía pasaron del 15 al 30 por ciento de 2016 a 2017, según refiere Naldy Rodríguez, convertida en la encargada de Transparencia de la Secretaría de Gobierno de Veracruz.

Actualmente varios gobiernos locales han generado plataformas de Gobierno Abierto. En la Ciudad de México se creó este año la Agencia Digital de Innovación Pública, en donde el gobierno publica sus bases de datos sobre seguridad, movilidad, desarrollo urbano, delitos por alcaldía, presupuesto, reconstrucción. En el Índice del WJP, la Ciudad encabeza la clasificación en el indicador de gobierno abierto con un puntaje de 0.51.

La CDMX es la segunda ciudad con más internet público gratuito en el planeta. Foto: Ricardo Esquivel.

Fue primer lugar en el Premio a la Innovación a la Transparencia 2019, un certamen que califica la disponibilidad de la información, la generación de conocimiento público, la mejora de servicios públicos, atención ciudadana y la transparencia de recursos, convocado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el INAI, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Hoy los periodistas son tiros de precisión. La Casa Blanca (de Peña Nieto), que es una de las investigaciones más serias que se han hecho en nuestro país, requirió 16 solicitudes de información. El caso de corrupción de Walmart, en Teotihuacán, la pieza que ganó el Pulitzer para David Barstow y Alejandra Xanic, no fueron más de nueve solicitudes de información. Una solicitud de información bien hecha es suficiente”, refiere Raphael.

La Casa Blanca del presidente Peña, emblema de la corrupción. Foto: Archivo.

“Y en ese sentido, evaluar la transparencia a partir de un análisis cuantitativo no es recomendable. La pregunta obligada es saber ¿cómo están los archivos?”

Muy a su estilo de recurrir a imágenes, cita la metáfora de Susan George sobre la transparencia y Drácula: una vez que entra la luz al castillo de Transilvania y lo disuelve, lo que sigue es ordenar toda la información, construir archivos, que sean digitales, en formatos fáciles de compartir, “y ese trabajo de archivo es el que permite el acceso a la información y publicidad de la información y completa el círculo”.

“Y nosotros nos encontramos con un Gobierno que decidió restringir de manera dramática la inversión para el Archivo General de La Nación y si éste no puede digitalizar los documentos no van a estar disponibles en el modelo de Gobierno Abierto (…) el Archivo con un poquito de dinero nos podría hacer avanzar. Y en esa lógica me atrevo a decir: hay un retroceso y alguien le está poniendo fierros a las llantas para que no avance.

“Quizá no lo consideran necesario porque se asume que hoy la transparencia es el diálogo directo mediante las redes sociales, las plataformas o a través de las conferencias de prensa… y si bien ahí hay un diálogo muy intenso y franco, no creo que eso sea el Gobierno Abierto”, concluye el periodista y analista.

México ocupó el lugar  64 de 193 países seleccionados en la Encuesta sobre E-Gobierno 2018 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que califica el acceso a la información oficial por internet. Somos un país de 75.8 millones de personas con acceso a internet, 33 millones más que hace 10 años, cuando se publicó y ganó el Premio Nacional de Periodismo Cereal y Pastas finas: el gran engaño del Gobierno.

Acerca del autor:
Jair Ávalos López. Es reportero desde los 16 años, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Premio Regina del Colectivo Voz Alterna. Colabora con la Agencia Veracruzana de Comunicación (AVC Noticias) y ha trabajado para Eje Central, Crónica de Veracruz, Grupo FM Noticias y Diario AZ de Veracruz. @JairAvalosL