CHILPANCINGO.- El Palacio de Gobierno de Guerrero está a la salida de Chilpancingo, es una fortaleza a la que se accede tras cruzar un laberinto de vallas, filtros de elementos de seguridad, una enorme puerta de planchas de hierro reforzada y rematada con púas, detector de metales y un permiso para ingresar. Tras lograrlo, aparece del otro lado una amplia explanada circular con una asta bandera al centro, y ocho edificios a su alrededor, uno por cada región del estado. Su armonía da la sensación de ingresar a otra ciudad, una sin protestas, ni problemas, ni gritos de justicia.

Las medidas de seguridad se reforzaron en octubre de 2014, tras la incursión de los normalistas de Ayotzinapa que prendieron fuego al edificio Tierra Caliente en protesta por la desaparición de sus 43 compañeros.

Palacio de Gobierno estatal, seguridad reforzada. Foto: Concepción Peralta.

En el edificio Centro está el salón Gobernadores. Una placa de cristal del tamaño de la pared da cuenta del nombre de todos los ex mandatarios de Guerrero, excepto el perredista Zeferino Torreblanca Galindo y el actual, el priista Héctor Astudillo Flores, quien concluye sus funciones en 2021.

Arriba está la oficina del secretario de Gobierno, Florencio Salvador Adame, quien acompaña a Astudillo desde que inició la administración, en 2015. En junio de 2019 aceptó una entrevista para hablar sobre el Estado de Derecho en su entidad, una de las más pobres, más violentas y dependiente de la Federación.


La “fortaleza” desde donde despacha el Gobierno del Estado.
 

–¿Qué entiende por Estado de Derecho?

La seguridad que se otorga, a través del Gobierno, a los ciudadanos para proteger su vida y sus bienes.

–¿Qué piensa de los resultados del índice de Estado de Derecho, que en 2018 colocaron a Guerrero en el último lugar del país?

Muy lamentable. Nos hemos esforzado para que el Estado de Derecho sea plenamente vigente. Reconocemos que hay límites que estamos tratando de superar, por ejemplo, en el tema de la violencia Guerrero pasó de ocupar el lugar número uno en homicidios al sitio seis, sin embargo, hay muchos grupos armados que se convierte en un poder fáctico que compite con el Estado la monopolización legal del uso de la fuerza pública por parte del Estado.

–¿A qué atribuye a que la calificación de sus ciudadanos sea tan baja?

Pues seguramente a que han tenido experiencias negativas que tienen que ver con la aplicación de la ley.

–Pero también sale abajo en factores como Corrupción, Derechos Fundamentales…

Esos datos no los compartimos porque nosotros hacemos periódicamente encuestas. En una de mayo pasado, el 10% de la población encuestada mostró inconformidad por corrupción; en cuanto a la protección de los derechos de las personas, no ha habido ninguna muestra de inconformidad. Si revisa los medios, verá que de 2016 a la fecha este gobierno ha sido respetuoso de la protección de los Derechos Humanos, no tenemos acusaciones y hemos desahogado las recomendaciones en torno a desplazados y personas desaparecidas.

–¿Cómo van a lograr mejorar en el Índice de Estado de Derecho? ¿Tienen un plan?

Desde luego, al mejorar el Nuevo Sistema Penal Acusatorio. En el gobierno anterior este sistema no tuvo avances y por decisión del Ejecutivo fue congelado. En 2017 este gobierno echó a andar este sistema a partir de cero: construcción de instalaciones, capacitación a ministerios públicos y jueces (…) Estamos trabajando para que las policías municipales sean debidamente certificadas, actualmente la seguridad depende de la policía del estado. Tenemos la cooperación de las fuerzas armadas, pero no es suficiente.

Presencia de las fuerzas armadas federales en Acapulco, cooperación insuficiente. Foto: Axel Hernández.

–Hay un problema que se está agravando: las policías comunitarias infiltradas por el crimen organizado. ¿Qué piensan hacer al respecto?

Lo estamos tratando de resolver a través de reformas de carácter legal. Enviamos al Congreso una iniciativa para reformar el Art. 14 de la Constitución, e implementar el Sistema de Justicia Indígena, que ya fue aprobada, ello implica que para reconocer a una policía como comunitaria debe ser nombrada en las comunidades, actuar sólo en su territorio, portar armas que no sean de uso exclusivo del Ejército y registrarse en el Sistema de Seguridad Estatal.

En efecto hay una multiplicación de grupos armados que están infiltrados. Tenemos la información de cuántas policías de este tipo hay, cuales pueden estar infiltradas, donde están y cuántos son, pero son datos de seguridad que no podemos compartir.

–¿Están operando con impunidad y por encima de la ley?

Estos grupos violentan generalmente la legislación de carácter federal porque usan armas del Ejército, se movilizan como si fueran ejércitos regulares, obstaculizan la aplicación de la ley. Debemos reconocer que vivimos un fenómeno no deseable en que el estado se ve asediado por poderes fácticos. Lamentablemente no siempre pueden ser combatidos como debe ser y la única manera es a través de la ley.

Chilapa, Guerrero, ciudad acosada por la delincuencia y la impunidad. Foto: Axel Hernández.

–¿Cómo se le pide al ciudadano confiar en el Estado de Derecho con este ejemplo?

No es nuestra competencia determinar si es presunto responsable o no, eso debe hacer la autoridad judicial, con una denuncia de por medio. Si los partidos lo registran, cumple los requisitos, es electo y llega al Congreso, no es un procedimiento que pueda ser acotado por la legislación estatal. Es un procedimiento de carácter político-electoral.

 –¿Qué hacen otros estados para salir mejor evaluados?

Primero, hay mejores condiciones de desarrollo. Hay entidades que no tienen los problemas históricos de Guerrero. Es el estado más pobre desde que se formó. Es una entidad históricamente violenta: que un gobernador termine su periodo puede ser el mejor logro de su administración. Aquí, de cada peso, 96 centavos proceden de la Federación (…) Necesitamos un programa de desarrollo integral, no un programa de un sexenio sujeto al humor de quien gobierna.

–Otro problema de Guerrero es la impunidad ¿Qué plan tienen para combatirla?

En primer lugar, el pleno desarrollo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que va a evitar rezagos y va a ser la aplicación de la ley expedita, la profesionalización de todos los que tiene que ver con la aplicación de la ley. Enseguida el fortalecimiento de nuestros cuerpos policiales. A partir de que se implemente la Guardia Nacional, una adecuada coordinación con este cuerpo federal, de tal manera que tengamos mayores recursos para combatir la impunidad.

–Sorprende que, en un estado con tantas policías infiltradas, no haya ni un funcionario encarcelado o procesado por vínculos con el crimen organizado.

Pero muchas de estas acciones dependen del ciudadano. Usted puede conocer a un ciudadano que comete actos delictivos, que hay un secuestrado, pero si no pone una denuncia, ni siquiera anónima ¿cómo puede actuar la autoridad? No desconocemos que seguramente no lo hacen por temor, pero el hecho es que mientras no se denuncie, el gobierno poco puede hacer.

–Por cuidar el derecho procesal dejan al ciudadano sin acceso a la justicia…

No lo comparto. El ciudadano accede a la justicia en la medida que desea hacerlo.  Están las fiscalías, los tribunales, los cuerpos policiales, las denuncias anónimas (…) pero requerimos una mayor participación de la sociedad, el gobierno no puede suplantar al ciudadano para presentar las denuncias. Lo que hace falta es que tengamos una mayor ciudadanía y esto nos remite a la situación de pobreza: cuando hay un estado pobre el ciudadano está ocupado en sobrevivir, no en ejercer sus derechos, lo dicen los sociólogos, por eso nos interesa mucho el desarrollo, porque es lo que permite que haya ciudadanos y no súbditos.

Comercio ambulante afuera del Palacio de Gobierno. Foto: Concepción Peralta.

–El ciudadano debe armarse de valor y denunciar, pero las víctimas del colectivo Siempre Vivos lo hicieron, se arriesgaron y no les dicen dónde están sus desaparecidos.

Hemos creado este sistema de protección para la atención de casos de desaparecidos y reparación de daños a víctimas, pero hay delitos que son del orden federal, no es competencia del estado (…) Cuando los desaparecidos son por delincuencia organizada entra al ámbito federal y si no hay una actuación, no es competencia nuestra. Tenemos un diálogo y coordinación con la Fiscalía General de la República, pero también tiene muy pocos ministerios públicos federales.

–En el caso de los desaparecidos de Chilapa a manos de policías comunitarios, ¿de quién es competencia?

Del ámbito federal porque es delincuencia organizada (…) No es una policía comunitaria reconocida, ese es un grupo armado, operan en muchas partes del estado, lo reconocemos.

–¿Qué se hace para retomar el control?

Se hace todo lo que está a nuestro alcance, trabajos de investigación, órdenes de aprehensión, ejecutándolas en la medida de lo posible, porque los delincuentes desaparecen, se van a otras entidades o remontan a lo más alto de la sierra, no es muy sencillo. Hacemos operaciones conjuntas con el Ejército y la Marina, y el estado ha pasado del primer lugar en violencia (por el número de homicidios), al sexto lugar nacional. Sí ha habido un esfuerzo que está claramente comprobado.


Florencio Salazar explica las circunstancias que privan en Guerrero y su Estado de Derecho.

Acerca del autor:
Concepción Peralta Silverio. Periodista independiente, especializada en temas de justicia social, egresada de la UNAM y maestrante de Periodismo y Políticas Públicas en el CIDE. Pertenece al colectivo Ojos de Perro vs la Impunidad. Fue editora de Estados en El Universal y coordinadora web en NoticierosTelevisa.com. Autora de Espiral del pobreza del libro Los 12 mexicanos más pobres. Twitter: @CPeraltaS