Santa Rosa de Lima, víctima del huachicol. Foto: Concepción Peralta Silverio

 

 

 

 

SANTA ROSA DE LIMA.- En México muchos pueblos están dispuestos a defender a los líderes criminales. Son los “señores” que mandan en los pueblos, los que dan trabajo a las familias, así sea el de cerrar las carreteras. Quienes construyen mansiones en medio de la pobreza.

En Santa Rosa de Lima son frecuentes los bloqueos y los enfrentamientos de la población con la Policía, según las autoridades, auspiciados por los grupos criminales.

Este poblado del municipio de Villagrán, Guanajuato, hasta hace poco pasaba inadvertido como un caserío de agricultores, su irrelevancia fue perfecta para José Antonio Yépez Ortiz, “el Marro”, principal líder huachicolero (robo de combustible) en Guanajuato, quien creó aquí su cartel, a unos 80 kilómetros de la refinería de Salamanca, y compró voluntades para su protección.

Antes las refinerías representaban riqueza, hoy violencia.
 

En otros tiempos, las refinerías fueron sinónimo de bonanza y fuentes de trabajo para los pobladores, pero en los últimos años, el robo de hidrocarburo a través de la “ordeña” de los ductos de Petróleos Mexicanos, que atraviesan amplias zonas del territorio nacional, han convertidos a estos pueblos en zonas de alto índice delictivo donde impera el silencio y el homicidio.

En marzo de 2019 el gobierno federal intentó detener López Ortiz, pero la población se opuso. Cuando llegaron, ya había escapado.

Las autoridades aseguran que “el Marro” tenía su escondite en este pueblo solitario en la desviación de la carretera 45 D, entre Celaya y Salamanca, dos kilómetros de terracería adentro, tras plantaciones de tomate, col y calabazas.

Hay tres entradas al pueblo, todas vigiladas por puestos de control de las Fuerzas de Seguridad Pública Estatal (FSPE) fuertemente armadas. Los policías se esconden entre los árboles del campo para buscar el consuelo de sus sombras, a 30 grados de temperatura en el árido terreno del bajío.

Los policías en la sombra. Foto: Concepción Peralta Silverio.

Es sábado 15 de junio de 2019, en Santa Rosa de Lima las casas son en su mayoría de una planta y techo de cemento, muchas pintadas de verde. Algunos zaguanes de herrería dejan entrever patios con árboles y flores y hombres departiendo en el patio con cervezas.

Oficialmente hay aquí 565 viviendas, según el INEGI. No son más de siete calles sin pavimento. Y no hay negocios visibles. Es evidente que aquí no se vive del comercio.


“San Miguel aplastando el demonio”, testigo de un pueblo con miedo.
 

La calle principal de Santa Rosa de Lima es la Miguel Hidalgo, tiene un viejo pavimento y un camellón que termina en una extraña construcción de arcos rematada con una efigie del arcángel San Miguel venciendo al demonio. Un lavado de autos es tan extraño como los dos jóvenes motociclistas que se cruzan en varias ocasiones a toda velocidad, una todoterreno cross itálica verde sin placa. O el Dodge Charger negro sin placas que se cruza en varias ocasiones por este pueblo de calles polvorientas y casas humildes.

Extraño porque casi nadie pasea. El pueblo luce solitario. Los camiones de pasajeros están vacíos. La puerta de la iglesia está cerrada con un alambre retorcido que impide el paso y las pocas mujeres que cruzan el parque no quieren platicar. Se percibe un ambiente hostil.


Plaza vacía, ciudadanos encerrados.
 

“¿Ya va a haber seguridad en Santa Rosa?”, suelta una mujer con tono de reclamo y se va apresurada. No deja preguntarle por qué siente qué falta seguridad si hay tres puestos de policías en el pueblo y la Marina está destacada en otro punto.

El único comercio abierto es el de una mujer que vende plásticos, pero cuando le preguntan por la tranquilidad del pueblo cierra abruptamente.

Ésta podría ser la muestra de lo que el huachicol le hace a las comunidades: las corrompe, las llena de miedo y luego las convierte en zonas de silencio, donde nadie quiere hablar.

Lo que el robo de combustible le hizo a un estado como Guanajuato, que en menos de dos años se convirtió en la entidad con el mayor número de asesinatos en el país, al pasar de 778 homicidios dolosos en 2017, a 2560 en el lapso de enero a septiembre de 2019, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

El especialista en Seguridad y director de Lantia Consultores,  Eduardo Guerrero, explicó en su reporte sobre la Violencia del Crimen Organizado que ésta en Guanajuato obedece al conflicto entre el Cartel de Santa Rosa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por “el control del mercado negro del hidrocarburo, robo de transporte de carga y de ganado”. Y tres de sus municipios están entre los más violentos del país: León, Celaya y Salamanca.

Santa Rosa de Lima no tiene el problema de homicidios porque aquí no pasaba nada sin que “el Marro” lo ordene; es más bien, el escondite de los hombres de su organización, ahora sirve de cuartel a los policías estatales de élite ahí desplegados.

Retenes, para inhibir a los criminales. Foto: Concepción Peralta Silverio.

El pueblo tiene tres retenes de la Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE). En uno, un oficial nos confía que aquí no pasa nada. Lo ve tranquilo, como cualquier otro pueblo. No hay enfrentamientos. “Pero no sabemos quién es quién, si los grupos son antagónicos, si se van a enfrentar. Sólo se dice que aquí se guarda ese señor”.

Son tres mujeres y un hombre. Cargan un arma larga con cartuchos expuestos, un arma corta, chaleco antibalas, radio, casco, botas militares. Sus rostros están quemados por el sol.

“Si la gente quiere platicar con ustedes, adelante, no lo podemos detener (…) Nosotros ya sabemos que andan aquí y estamos al pendiente”, dice como una respuesta amable, pero que no deja de ser una advertencia. “Y apúrense porque está comprometiendo el perímetro.”


Casa de “el Marro”, hoy cuartel de los policías.
 

Tres construcciones llaman la atención en este pueblo. En la calle principal, cercana a la iglesia está una de paredes altas que fue asegurada “al Marro” y ahora sirve de cuartel a los policías estatales de élite ahí desplegado. Montan guardia desde marzo pasado en medio de barricadas construidas con costales de arena.

La que está al mando es una mujer de rostro duro, severo, mayor a 40 años. Ordena con voz militar tomar nombres. Severa, rechaza entrevistas, pero cuando escucha la palabra Estado de Derecho cambia de actitud. Su postura mejora, todos prestan atención, como si les tocarán una fibra sensible. Fue ésta la llave que abrió su voluntad para dejarse grabar, aunque solo de espaldas.


Riqueza sospechosa.
 

Otras dos construcciones llaman la atención por su opulencia. Una pintada color beige, tipo California: dos plantas semi circulares, amplios ventanales y con palmeras en el patio.

Pero la que realmente hace levantar las cejas es una construcción a unas calles del centro. Una mansión de alto poder adquisitivo, como dicen los arquitectos, en obra negra, con altas columnas que la barda perimetral no logra tapar, en medio de un terreno inhóspito.

En estos pueblos son comunes las grandes mansiones en medio de casas pobres. Foto: Concepción Peralta Silverio.

Se trata de varias naves integradas en un solo cuerpo, de losas planas, de dos aguas y algunas cúpulas.  Por su tamaño, más que una casa parece un negocio, un centro comercial. Un palacio del que nadie, otra vez, quiere hablar.

Están además la finca de 8000 metros cuadrados con alberca que fue asegurada en marzo pasado a las orillas de Santa Rosa de Lima, y “la casa de las 7 albercas”, encontrada en octubre en la comunidad de San José de Guanajuato, municipio de Celaya, ambas mansiones construidas en medio de terrenos agrícolas y atribuidas a Yépez Ortiz.

Lo que el huachicol hace a estos pueblos es que los perturba al grado de que deben celebrar su fiesta patronal con la presencia de la policía; les quita recursos públicos para su beneficio, como el congelamiento de cuentas que el gobierno federal le hizo al municipio de Villagrán en mayo pasado, tras conocerse los presuntos vínculos entre el cartel de Santa Rosa con la familia del alcalde.

Lo que hace es que la mala fama del líder criminal alcanza a todo el pueblo y los estigmatiza y criminaliza, como lo hizo la comisionada en Materia de Seguridad del estado, Sophia Huett, al calificar a Santa Rosa de Lima como “un centro de actividad económica criminal”, aunque la mayoría de sus habitantes sobreviven en pobreza.

“Tierra de huachicoleros”, estigma de los pobladores. Foto: Concepción Peralta Silverio.

“Ahí es tierra de huachicoleros. Yo no iba”, advierte uno de los encuestadores que trabaja para el Índice de Estado de Derecho y que lleva años visitando comunidades rurales en el país para aplicar cuestionarios.

Él y su equipo vivieron en carne propia el deterioro y la inseguridad en que cayó el estado. En una colonia de León fueron extorsionados por una banda local que les pidió 600 pesos para dejarlos trabajar. Indignados, intentaron retirarse del lugar, pero no se los permitieron. Entre todos juntaron 450 pesos y sólo así lograron salir.

Los pueblos de Guanajuato dejaron de ser la plácida provincia donde no pasaba nada.  El número de denuncias ante el ministerio público creció 100 por ciento en seis años, de 44,989 delitos reportados en 2013, 92 mil 460 en 2019.

La situación de inseguridad en Guanajuato se refleja en los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020. El estado fue de los que más descendieron en materia de seguridad. En el indicador que mide si el efectivo en garantizar la seguridad de las personas y sus propiedades, la entidad pasó de un puntaje de 0.28 en 2018 a 0.21 en 2019-2020, en una escala del 0 al 1, donde 1 significa un mayor apego al Estado de Derecho. Por ello, Guanajuato pasó de la posición 25 a la 29 de las 32 entidades del país.

Acerca del autor:
Concepción Peralta Silverio. Periodista independiente, especializada en temas de justicia social, egresada de la UNAM y maestrante de Periodismo y Políticas Públicas en el CIDE. Pertenece al colectivo Ojos de Perro vs la Impunidad. Fue editora de Estados en El Universal y coordinadora web en NoticierosTelevisa.com. Autora de Espiral del pobreza del libro Los 12 mexicanos más pobres. Twitter: @CPeraltaS