Los Cabos son el destino turístico premium del país, pero también son colonias pobres y sin planeación. Foto: Gladys Navarro.

LOS CABOS. – Antonia llegó con cinco años de edad a esta ciudad proveniente de Tetelcingo, Guerrero, una comunidad indígena en la ribera del Alto Balsas. Con su padre, comenzó a residir en Los Cabos hacia 1986, diez años después de que el gobierno federal impulsó una política de promoción a destinos “integralmente planeados”, que tuvieron un rápido crecimiento poblacional y la consecuente demanda de servicios.

Dice con orgullo que fueron “de los primeros en llegar”, y se refiere a la migración constante que desde entonces ocurre en la región: cientos de ciudadanos, muchos de ellos indígenas, llegan aquí motivados por la bonanza económica del destino premium de México —llamado así por lograr una tarifa promedio de 5 mil 800 pesos por noche y sitios exclusivos donde los turistas llegan a pagar hasta 40 mil pesos por noche.


Desarrollos turísticos en lugares privilegiados.
 

Desde entonces, el municipio de Los Cabos se ha mantenido con una alta tasa de crecimiento demográfico, de 4.1 por ciento, la más alta del estado y del país (1.4), según los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sólo el puerto de Cabo San Lucas pasó de tener 16 mil 059 habitantes, en 1990, a 84 mil 192 para 2017.

Antonia enfrentó las complicaciones de asentarse en una tierra desconocida, las propias de quien náhuatl y no español. Vivió en una estación de autobuses, en casas en renta, intentó hacerse de un lugar seguro para vivir, pero no pudo. Ya con su esposo Lucio y familia se asentaron en una zona de invasión —de alto riesgo, junto a un arroyo—y construyeron una casa un poco más resistente a la que les llevó el huracán Odile en 2014.

Alba Eritrea Gámez y Manuel Ángeles Villa, profesores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), advierten que con la reforma salinista, de 1992, que permitió la venta de tierras ejidales, en un contexto de falta de oportunidades, pobreza y corrupción, se orilló a muchos pequeños propietarios y ejidatarios a vender sus tierras a desarrolladores y especuladores muy debajo de los precios del mercado.

El desenlace es lo que persiste hasta la fecha: grandes franjas de territorio donde se construyeron los complejos turísticos, y amplias zonas con población marginada que carece de servicios básicos, certeza jurídica de la tierra, violencia e inseguridad.

Antonia en su casa, raíces en tierras ajenas. Foto: Gladys Navarro.

Antonia llegó hace una década al asentamiento irregular denominado Caribe Bajo en busca de construir una mejor historia para sus hijos. De acuerdo a estimaciones de Protección Civil estatal, cerca de 10 mil personas radican en estas zonas de invasión y de riesgo en el municipio.

Antonia viven en una colonia sin luz, no les prestan el servicio por ser una zona irregular.  Paga para que una pipa le lleve agua. Las viviendas, en su mayoría, están levantadas con pedacería de madera, láminas y cartón, sobre un terreno arenoso, muy cerca del cauce de un arroyo. Conforme se avanza, las calles se vuelven más angostas y se convierten en callejones que al ocultarse el sol son un momento propicio para que las pandillas asalten a jóvenes estudiantes.


Caribe Bajo, sin servicios y en zona de riesgo.
 

Montones de basura se observan en cada esquina. Ya de plano algunos optan por quemarla porque hasta aquí los camiones recolectores rara vez llegan. El olor a aguas negras es constante. La recreación para los niños consiste en patear balones en las calles sucias y apestosas, porque tampoco hay drenaje. Las patrullas tampoco llegan aquí.

En el año 2017, toda la familia enfrentó además la zozobra de vivir en riesgo por la disputa entre grupos de la delincuencia organizada que se pelearon “la plaza”, con un saldo de 365 personas asesinadas ese año, según cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal.

A nivel estatal, el estado registró una cifra histórica de homicidios dolosos. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) fueron 610, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó 751.

“Teníamos mucho miedo, vivíamos con el pendiente porque tenemos dos hijos que entonces estaban estudiando y trabajando, y salían a medianoche. Teníamos que ir a esperarlos para entrar a la colonia. Fue feo, muy feo”, expone Lucio.

Las balaceras, el hallazgo de cuerpos desmembrados, incluso en la zona turística, y los “levantones” mantuvieron a la población cabeña con miedo y asombro durante todo el año. Una violencia “inusitada”, calificaron empresarios y expertos locales y nacionales.

En noviembre de 2017, Armando Nava Sánchez, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, reconoció que la violencia registrada coincidía con la extradición de Joaquín “el Chapo” Guzmán y el reacomodo al interior del Cártel de Sinaloa.  El entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, visitó la entidad para instalar de urgencia mesas de seguridad, en las que se reconoció la presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Nava Sánchez admitió también que la alta afluencia de turistas consumidores de drogas fue otro detonante para las pugnas. La imagen de Los Cabos se vio seriamente afectada, incluso el Gobierno estadounidense emitió alertas de viaje preventivas.

Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, afirma que advirtieron de una posible escalada de violencia frente a la debilidad institucional, y así ocurrió. Las autoridades actuaron cuando tenían la crisis encima.

Con todo, el punto de quiebre para que los gobiernos actuaran, apoyados ampliamente por los empresarios, fue el hallazgo de cuatro cadáveres colgados de dos puentes, en diciembre de 2017.


Los Cabos, destino de cientos de migrantes mexicanos.
 

La iniciativa privada comenzó a costear la construcción de un cuartel para ampliar la presencia de los marinos en el puerto turístico, con una inversión de 140 millones de pesos. El gobierno estatal invirtió cerca de 500 millones de pesos para los cuarteles de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Cerca de mil efectivos militares llegaron al destino. Se designaron mandos militares en las dependencias de seguridad local y se inició con la depuración policíaca, al tiempo que se construyó una nueva Academia Estatal de Policía. También llegó un nuevo procurador de Justicia, Daniel De la Rosa Anaya, ex secretario de Seguridad Pública del vecino estado de Baja California.

Para noviembre de 2018, el gobernador Carlos Mendoza informó que en un año decomisaron 400 armas y 32 millones de dosis de droga.

Estela Castro Terrazas, comisionada estatal contra las Adicciones, reconoció a inicios de 2019 que el estado sigue teniendo un problema grande de consumo de drogas: “la mariguana es la droga que más afecta a los jóvenes, y las metanfetaminas a los adultos”.

La situación de la entidad está reflejada en los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, del World Justice Project (WJP). Baja California Sur obtuvo un puntaje de 0.39, en una escala del 0 al 1, donde 1 significa un mayor apego al Estado de Derecho. Esto significa una mejora desde el 0.35 que obtuvo en la versión 2018 del Índice, además de que pasó de la penúltima posición nacional a la 17.

Además, en el aspecto que mide si el estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y sus propiedades, el estado pasó de una puntuación de 0.29 en 2018 a 0.39 en 2019-2020, con lo que pasó de la posición 21 a la 15 de los 32 estados del país.

Si bien pasaron las balaceras, el temor persiste porque para ellos las condiciones de marginación, insalubridad y delitos comunes persisten. Ninguno de los 640 millones de pesos invertidos en seguridad fue para ellos.

Pobreza e inseguridad, lo común en las colonias de la periferia. Foto: Gladys Navarro.

Porque el robo a sus viviendas continúa, el deambular de las bandas, el narcomenudeo. Los colectivos no bajan hasta el arroyo y los taxis difícilmente aceptan entrar a estas colonias.

Antonia se reconoce como invasora, pero le gustaría que las autoridades regularizaran su situación y atendieran sus colonias. “Que nos volteen a ver porque parece que aquí es un pueblo sin Ley”.

“Nosotros tenemos que andarnos cuidando entre vecinos. Nos tenemos que avisar porque no hay vigilancia… Siempre estamos con el temor de que nos vaya a pasar algo”. No hay para cámaras de video, pero se alertan por teléfono cuando ven gente extraña.

De acuerdo con la organización Semáforo Delictivo, Los Cabos presenta cuatro focos rojos en delitos del fuero común: robo a negocio, lesiones, violación y violencia familiar; y uno amarillo por robo a casa habitación. En agosto se tuvo un registro de 67 robos a viviendas.

Para el abogado y especialista en Administración Pública, Ramón Ojeda Mestre, las zonas de invasión como la de Antonia, son ejemplo de la “falta de planeación, profunda corrupción e impunidad”.


Lejos de la playa el paraíso desaparece.
 

“Se tolera que se asienten en sitios inseguros y hay quienes se ven beneficiados. Se violentan sus Derechos Humanos, su derecho a un ambiente sano, a la seguridad, a una vivienda digna, al agua potable. Son miles de personas que están ahí olvidadas”, concluye.

Según la Dirección de Seguridad Pública Municipal, seis colonias registran la mayor incidencia delictiva en Los Cabos: El Zacatal, Vista Hermosa, Santa Rosa, Caribe Bajo, Tierra y Libertad y Lagunitas.


Día de trabajo de Antonia y su esposo.
 

Antonia y Lucio se ganan la vida vendiendo artesanías en la zona turística, a 20 minutos de la playa en carro, cuarenta minutos a pie y a cinco del Aeródromo Internacional de Cabo San Lucas. Todos los días recorren en la playa un kilómetro bajo unos 40 grados de temperatura. Al caer la tarde regresan caminando a su oscura e insegura colonia.

En Julio, la Guardia Nacional llegó a Los Cabos —para octubre hay aproximadamente 150 elementos—. Se hacen cargo de los rondines que antes hacían los militares y la Marina. Sus labores son disuasivas, más que operativas, forman parte del paisaje de la zona dorada en este destino premium.

Acerca del autor:
Gladys Navarro Es periodista independiente en Baja California Sur, se especializa en coberturas de Seguridad, Derechos Humanos y Medio Ambiente. Premio Estatal de Crónica 2015 y 2018. Becaria del Programa Adelante de la Internacional Women's Media Foundation 2019. Fundadora de la Red BCS de Periodistas. Es corresponsal del periódico El Universal, colaboradora en programas locales de Radiofórmula y Megacanal y es fixer para medios internacionales y nacionales. @gladys_rn